La pérdida de institucionalidad en el país, que deja huérfana a la ciudadanía, ha sido una de las causas para que varias personas miren a las organizaciones internacionales con la esperanza de que intervengan y ayuden a cambiar lo que en Bolivia se veía injusto. Lamentablemente, las miradas desde el extranjero no siempre fueron honestas, por el contrario, muchas veces estuvieron marcadas por la corriente ideológica antes que por la búsqueda de la verdad.
En septiembre de 2008, cuando ocurrieron los hechos de Porvenir y ante la existencia de un relato unilateral del MAS, partido poderoso de turno, muchos bolivianos aguardaron con esperanza la llegada de Unasur y su comisión de investigadores, quienes solo entrevistaron a los que reforzaban el discurso oficialista. En síntesis, vinieron a Bolivia para consolidar la mirada unilateral del MAS en el Gobierno.
En 2009 hubo un asesinato en el Hotel Las Américas. Una unidad policial de élite asaltó el lugar, cortó las cámaras de seguridad, mató a tres extranjeros y después los acusó de terrorismo, separatismo y eso sirvió como pretexto para perseguir y desbaratar a la oposición que le causaba dolores de cabeza a Evo Morales. Con un Ministerio Público comprometido con el gobierno de turno, los afectados recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la esperanza de que se descubra la verdad.
Pero nada de eso pasó. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acaba de emitir un informe sobre los hechos posteriores a la elección fraudulenta de 2019.
En el documento se mencionan las muertes de Senkata y de Sacaba, que deben ser investigadas por supuesto, pero omite los asesinatos de Montero. Habla de las agresiones a los pueblos indígenas por parte de funcionarios de gobierno, pero no profundiza sobre los gritos de “guerra civil”, que salían de afines al MAS y que causaban terror en la población. Habla de que las protestas sociales comenzaron cuando Evo Morales dejó el poder, pero no cataloga como violación a los derechos ciudadanos la manipulación de los votos emitidos el 20 de octubre.
De la misma manera, tras las protestas en El Alto y en Cochabamba, la CIDH envió una comisión investigadora que seleccionó a quiénes entrevistaría y emitió un informe parcializado de los hechos.
Con todo eso, queda claro que la esperanza no está en las miradas foráneas. Primero, porque han demostrado que cargan con lastres ideológicos y con prejuicios históricos que les impiden ver la realidad tal como se produce, de manera objetiva y transparente.
Segundo porque cuando los hechos interpelan a los actores de izquierda callan, como callaron hasta el momento sobre los acontecimientos del hotel Las Américas o sobre el pedido clamoroso de que la CIDH se pronuncie sobre la reelección indefinida que pretendía Evo Morales.
Es real que en Bolivia no hay reconciliación, que existen posiciones enfrentadas. Mas estas tendrán que resolverse adentro.
Quizás la esperanza de que haya paz y un nuevo tiempo sea la llave para decantar a los radicales de la izquierda y la derecha, para que se escuchen más las voces que se abren a la inclusión de todos sobre la base del entendimiento. Entretanto, los informes de organismos internacionales acerca de cómo se vive en Bolivia hay que mirarlos con el cuidado que dejan las malas experiencias.
