En menos de 48 horas, Juan Grabois, un polémico defensor de derechos humanos argentino, logró terminar un largo y detallado informe sobre la situación que vive el país. Él y su numerosa comitiva llegaron el viernes 29 de noviembre a La Paz y tras instalarse rápidamente en su hotel, trabajaron el sábado, para tener listo el reporte final… el domingo en la mañana.
El informe contiene las mismas muletillas que han propalado por el mundo ciertos grupos autodenominados progresistas: Evo Morales cayó por un golpe de Estado, no por la presión de millones de bolivianos que se manifestaron en las calles ni por el demoledor informe de la OEA, que pidió que los comicios fueran anulados debido a las irregularidades cometidas. También asegura que el país vive bajo una “dictadura militar”, aunque los medios funcionan libremente, la bancada masista aprobó por unanimidad una ley de elecciones, no hay un solo militar trabajando en el oficialismo y quien supuestamente promovió el golpe, el general William Kaliman, era un íntimo amigo de Morales y luego fue destituido por la presidenta Jeanine Añez.
Hasta ahí, no hay nada nuevo bajo el sol. No necesitaban los 40 integrantes de la comitiva de Grabois llegar a Bolivia para repetir lo que muchos ya dicen, sin conocimiento de causa, sobre Bolivia.
Donde el reporte es mucho más criticable es cuando señala dos cosas polémicas y, con casi total seguridad, falsas: que los militares torturaron a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores durante las protestas y que también fueron violadas mujeres. El texto llega a afirmar que incluso esas violaciones habían ocurrido a cadáveres.
Para que haya habido niños, adolescentes y adultos mayores torturados por efectivos militares, primero debían haber sido raptados, llevados a un lugar clandestino y luego torturados. ¿Por qué sus padres no denunciaron su desaparición? Lo mismo en el caso de las mujeres supuestamente violadas, incluso después de muertas. Habría que aclarar que en la lista de todos los fallecidos en las protestas no figura ninguna mujer.
No es realista pensar que en los eventos de Sacaba y Senkata, por la manera cómo se produjeron ambos hechos represivos y hasta por las características geográficas de ambos lugares, los militares hubieran podido tomar rehenes para luego torturarlos y violar a las mujeres. Además, en Bolivia no existe la tradición de torturas o violaciones por parte de las fuerzas del orden en hechos de represión política, como sí, lamentablemente, sucede en Colombia o Centroamérica, por ejemplo.
Todo esto le ayuda a la presidenta Jeanine Añez. El poco consenso que genera Grabois, tanto en su país como en la comunidad internacional, más las estrafalarias conclusiones de su apresurado informe, hacen que nadie que esté realmente interesado en conocer los trágicos sucesos que terminaron con la muerte de una treintena de personas le prestará atención. Las conclusiones del reporte son simplemente una manera para que grupos deseosos de hacer ver que Morales perdió el poder por un “golpe militar” y no por una revuelta popular refuercen sus prejuicios.
Sigue pendiente, y seguramente lo seguirá por años, conocer a cabalidad quiénes son responsables de las muertes de los sucesos de Sacaba y Senkata. Esas muertes no pueden quedar en la impunidad. Un tribunal especial debería investigarlos e identificar a los autores, tanto materiales como intelectuales. El informe de Grabois, en ese sentido, es una oportunidad perdida.
La visita de Grabois, famoso por mantener amistad con el papa Francisco, ha generado comprensible molestia de sectores contrarios al expresidente Morales y su partido. La molestia ha crecido por la manera paternalista, pero también chapucera, que la izquierda argentina ha tratado al caso boliviano, apareciendo como quienes pueden “explicar”, mejor que los propios bolivianos, lo que sucede en el país.
Hay un desagradable complejo de superioridad de la izquierda argentina, y en general, del mundo, con respecto a Bolivia.
