Sucre/CORREO DEL SUR
La comisión jurídica del Comité Interinstitucional emitió un informe ampliado respecto a las determinaciones que podría asumir Chuquisaca ante el fenecimiento de mandato del prefecto interino el pasado 26 de febrero. Sugiere rechazar la designación gubernamental de un nuevo prefecto interino y que sea el soberano quien designe a esta autoridad.
La comisión jurídica del Comité Interinstitucional emitió un informe ampliado respecto a las determinaciones que podría asumir Chuquisaca ante el fenecimiento de mandato del prefecto interino el pasado 26 de febrero. Sugiere rechazar la designación gubernamental de un nuevo prefecto interino y que sea el soberano quien designe a esta autoridad.
La anterior semana esta misma comisión había establecido, que de acuerdo a la interpretación de la norma jurídica vigente y según un par de sentencias constitucionales, la gestión de Iriarte concluía el 26 de febrero y no así, el 17 de marzo, como interpretan el Gobierno y el propio Iriarte. En ese sentido, evalúa que después que Chuquisaca hizo ejercicio de su derecho de elección, eligiendo por primera vez a su Prefecto, ahora resultaría "totalmente ilegal" la intención del Gobierno Central de nombrar a esta autoridad, aunque sea con carácter de interinato. "El pueblo chuquisaqueño debe volver a cumplir el ejercicio democrático de elegir una autoridad departamental, y en el tiempo más corto previsto en el Código Electoral", versa el primer punto conclusivo del informe legal presentado a la Presidencia del Comité Interinstitucional. La comisión conformada por los abogados y asambleístas Jaime Hurtado y Oscar Urquizu, enfatiza que la región no puede estar sin una autoridad departamental mientras se produzca el acto eleccionario, por lo que no solamente tiene el deber sino el derecho a nombrar, por el tiempo que dure el proceso eleccionario, a una autoridad interina, "sin ritual mayor, que no sea la manifestación de voluntad pública, expresa e inconfundible".
La comisión justifica su sugerencia, tomando en cuenta que en la actual coyuntura del país no existe control constitucional ni representación plural parlamentaria, hechos que se interpretan como un "estado de facto y dictatorial". "La soberanía reside en el pueblo, es inalienable e imprescriptible; su ejercicio esta delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cuando la delegación que hace el pueblo de su soberanía se rompe y los poderes del Estado no pueden cumplir el rol encomendado, esta soberanía delegada regresa al pueblo; quien tiene toda la capacidad, legalidad y legitimidad para tomar las riendas de su destino, ya sea mediante sufragio universal, referéndum, o cabildos, de modo que retornemos a un estado de derecho, democrático, con autoridades legítimas, legales y reconocidas por el pueblo soberano", versa uno de los principales argumentos del documento legal.
