Presentación de la Propocisión Acusatoria
Familias lloran a sus muertosA nombre de los familiares de las víctimas, el Colegio de Abogados presentó una proposición acusatoria contra cinco actuales autoridades
A un mes y medio de los violentos enfrentamientos entre la Policía y ciudadanos chuquisaqueños, los familiares de los tres caídos presentaron una proposición acusatoria pidiendo un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales; el ministro de Gobierno, Alfredo Rada; y tres comandantes policiales por los delitos de genocidio y violación de derechos y garantías constitucionales, de lesa humanidad, entre otros señalados en el memorial.
Ayer, rodeado de los familiares de las víctimas y los abogados patrocinantes, el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), Hernando Aguilar, detalló los fundamentos de la proposición acusatoria en contra de cinco altas autoridades a quienes se responsabiliza por las muertes de los chuquisaqueños Gonzalo Durán, José Luis Cardozo y Juan Carlos Serrudo, registradas durante los violentos hechos del 23, 24 y 25 de noviembre, cuando pobladores sucrenses se levantaron contra la Asamblea Constituyente, denunciando ilegalidad y protestando por la exclusión de su propuesta del retorno de los poderes del Estado a su sede original, la Capital, Sucre. La proposición acusatoria está dirigida contra el presidente de la República, Juan Evo Morales Ayma; el ministro de Gobierno, Alfredo Rada Vélez; el comandante General de la Policía Nacional, Miguel Vásquez Vizcarra; el coordinador General de Operaciones de la Policía Nacional, Jorge Espinoza; y el ex comandante Departamental de la Policía, José Galván.
Al Primer Mandatario se lo acusa de genocidio y violación de derechos y garantías constitucionales; en tanto que a las otras autoridades además se las culpa de haber tomado resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, abandono del cargo y favorecimiento de la evasión.Con el mandato encomendado por los familiares y el respaldo del Comité Interinstitucional de la Capitalidad, el ICACH trabajó la denuncia con la participación de los conocidos penalistas Jaime Tapia, Carlos Ortega, Freddy Paita, Ariel Coronado y Marcelo Conchari, quienes basaron la proposición acusatoria en la Constitución Política del Estado; la Ley 2445 de sustanciación y resolución de juicio de responsabilidades contra altos dignatarios por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones; el Código de Procedimiento Penal; la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).
En su primera parte, la proposición contiene una exposición de los antecedentes, la relación fáctica de los hechos, la fundamentación legal y la adecuación de los hechos a los tipos penales denunciados para concluir con el petitorio."Con la facultad que me confieren los padres y familiares de quienes han fallecido interponemos la presente proposición acusatoria en contra de autoridades nacionales y departamentales", sentenció el titular del ICACH cuando empezaban a brotar las primeras lágrimas de los ojos de los familiares. Las mismas no pudieron contenerse, minutos más tarde, cuando se presentó formalmente la demanda en la Fiscalía General de la República. El legajo presentado sugiere una prueba testifical de 34 personas entre las que cuentan miembros del Comité Interinstitucional, asambleístas, profesionales y ciudadanos que estuvieron en el lugar de los hechos, además del nuevo Comandante General de las Fuerzas Armadas, Luis Trigo Antelo, quien reconoció en declaraciones públicas que las balas extraídas de los cuerpos de dos de tres víctimas mortales corresponden a armas que manejan tanto el Ejército como la Policía Nacional. Por otra parte, las pruebas documentales consisten en certificados de nacimiento y defunción de los tres fallecidos, fotocopias de periódicos, grabaciones audiovisuales, fotocopias legalizadas de los dictámenes periciales medico-legales y autopsia y el libro "Cuando Sucre despertó" editado por CORREO DEL SUR.
"El Gobierno, si dice ser inocente, se someterá a este juicio de responsabilidades y en esa medida la población boliviana tiene el derecho de conocer a los autores, intelectuales y materiales, de los crímenes que han quitado la vida de tres ciudadanos y dejaron un saldo funesto de más de 200 heridos", agregó Aguilar al precisar que la actuación del ICACH es institucional, no política y no tiene presiones.
La proposición acusatoria puede ser ampliada a otras autoridades -dijo-en referencia a la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, quien también estaba en la mira de los acusadores. Inicialmente no se la acusó, ya que los abogados evaluaron que aún no era conveniente porque goza de un recurso de Habeas Corpus y también de inmunidad como asambleísta.
FAMILIARES PIDEN JUSTICIA Los familiares de las tres víctimas acompañaron en todo momento al equipo de abogados que presentaron la proposición acusatoria contra cinco autoridades, la jornada de ayer.No faltaron las lágrimas.
Doña Amalia Carazani de Durán, madre de uno de los fallecidos, clamó por justicia y un juicio al presidente Morales, al ministro Rada y a la presidenta de la Asamblea, Silvia Lazarte. "No vamos a dejarlo así, vamos a caminar lo que tengamos que caminar, vamos a pedir justicia. Era mi hijo más querido, lo han matado como una paloma, que reconozca el Presidente, que le duela su corazón. Toda la familia votamos para él (Evo Morales), dijo que iba a ayudar a los pobres, 'lo va a hacer bien' diciendo hemos votado. Ahora, cómo ha matado a nuestros hijos, que haya justicia, él que ha hecho mandar policías de La Paz y Oruro, de toda parte, ese Rada también no debe tener hijos, no tiene corazón", dijo. Gabriela Cardozo, pariente de José Luis Cardozo, también se hizo escuchar. Pidió que se esclarezcan los hechos porque considera que no sólo dispararon a José Luis, sino que también lo maltrataron.Segundino Cardozo, su hermano, expresó su confianza en que el proceso sea impulsado el Colegio de Abogados y pidió a los fiscales que den con los responsables tomando en cuenta las declaraciones del Comandante General de las Fuerzas Armadas que desmintió al Gobierno sobre el uso de armas.
¡POR LOS MARTIRES DE LA CALANCHA JUSTICIA AHORA CARAJO!
