La marcha fue encabezada por los familiares.
Con las puertas cerradas de la Gobernación y la Fiscalía General, coincidentemente, se topó ayer una marcha en homenaje a los caídos y heridos de La Calancha. La protesta exige que de una vez se reencamine el proceso penal contra los responsables de los luctuosos hechos.
La defensa de los caídos de La Calancha anunció que el próximo año podría acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es que la Asamblea Legislativa sigue demorando la autorización de enjuiciamiento de los presuntos responsables de las muertes de Noviembre Negro.
Ayer, una masiva marcha de familiares y universitarios recorrió las calles de la ciudad protestando por la demora de la justicia, por los tres muertos y heridos durante las jornadas luctuosas del 24, 25 y 26 de noviembre de 2007.
En el recorrido de la marcha, la gente gritaba “Evo asesino, Calancha no se olvida”, “fiscales corruptos” y otras frases en contra de los administradores de justicia.
En el frontis de la Fiscalía General, el abogado de las víctimas, Ariel Coronado, informó que presentaron un memorial a la Fiscalía General pidiendo que gestione en la Asamblea Legislativa la autorización del juicio de responsabilidades contra Alfredo Rada, Miguel Humberto Vázquez, Jorge Espinoza y José Galván.
Señaló que hay jurisprudencia internacional que establece que en caso de retardación de justicia con violación de derechos y acceso a la justicia, se abre la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, cuestionó que los informes de la CIDH y de la ONU no se refieran a los muertos de La Calancha, tal como lo hicieron en otros casos, como Chaparina.
“Consideramos que en el transcurso de enero o febrero del próximo año vamos a presentar una demanda ante la Corte Interamericana para exigir celeridad a este caso”, afirmó Coronado.
Juan Cardozo, hermano de uno de los fallecidos, señaló que la familia siente “discriminación” porque otros hechos posteriores a La Calancha ya están en la fase de juicio.
El dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL), Cristián Copa denunció que el Fiscal General Ramiro Guerrero incumple con su slogan de una Fiscalía con “puertas abiertas” porque ayer, mandó a cerrar las puertas.
Pidió al Fiscal General no seguir los pasos de su antecesor Mario Uribe quien “empezó siendo funcional al Gobierno pero terminó como un abogado más en las calles, ese es el precio de venderse al MAS”, agregó.
INVESTIGACIÓN
En criterio del abogado de las víctimas, la Fiscalía puede desarrollar actos investigativos imprescindibles entretanto se pronuncie la Asamblea Legislativa sobre el pedido de autorización de juicio.
Coronado dijo que hicieron un requerimiento a la Policía para que certifique si el capitán de Policía, George Nava, estaba en Sucre en esos días luctuosos pero no hay nada mientras no haya autorización legislativa y la prueba corre el riesgo de perderse.
Desde junio de 2008, la solicitud de autorización de juicio está en el Legislativo.
