Santa Cruz. El mercado del Plan, con recursos del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple y un crédito del TCP ALBA, está marcado por la corrupción.
Hubo enfrentamientos ayer entre comerciantes y dirigentes de asociaciones por denuncias de corrupción en la construcción y adjudicación de puestos en el mercado modelo del Plan Tres Mil. La ministra Ana Teresa Morales aseguró que hay responsabilidad penal de ex funcionarios gubernamentales, dirigentes y de las empresas constructoras y supervisoras de la obra. No se conoce el destino de unos $us 2 millones.
Comerciantes de base y dirigentes de diferentes asociaciones gremiales llegaron ayer al enfrentamiento físico luego de que el Gobierno presentara un informe que evidencia corrupción en la construcción y adjudicación de puestos en el Mercado Modelo del Plan Tres Mil, dentro del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple.
La presentación del informe estuvo a cargo de la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales, y se desarrolló en el coliseo del distrito 8, ante centenares de vendedores que colmaron las instalaciones del campo deportivo.
Durante su alocución, la ministra enumeró las irregularidades detectadas, como la falta de seguimiento, control y fiscalización de los contratos de las empresas constructora y supervisora; pagos sin verificación de avance de obra y cumplimiento; retraso en la entrega, modificación de los términos y montos del contrato sin respaldo legal; venta irregular de puestos a terceros y cobros indebidos.
Por los hechos, Morales responsabilizó a algunos presidentes de las asociaciones, exfuncionarios del ministerio a su cargo y a las empresas constructora y supervisora.
La ministra explicó a los gremiales que se detectó el cobro de aportes irregulares.Por ejemplo, por revalidación del proyecto se pidió Bs 50 por cada comerciante, sumando Bs 122.000, cuando se pagó solo Bs 20.000. Además, los dirigentes acusados pedían a los socios entre Bs 11,50 y 14,50 para el salario del fiscal de obra, cuando el sueldo de este funcionario era pagado por el Ministerio de Desarrollo Productivo.
Además, la ministra cuestionó el hecho de que los dirigentes hubieran presentado un proyecto que luego fue modificado y que aumentó significativamente de costo.
Mientras la representante del Ejecutivo enumeraba las irregularidades, un grupo de personas empezó a gritar “ministra mentirosa”, mientras otro aplaudía la intervención.
Pero el enfrentamiento en sí se produjo cuando Morales decidió conceder el uso de la palabra a comerciantes de base, que con el micrófono en mano denunciaban los supuestos malos manejos de sus dirigentes. Entonces, un grupo trató de sobrepasar la valla de seguridad con la aparente intención de agredir a los denunciantes, lo que originó insultos y empellones.
Solo unos pocos agentes encargados de la seguridad de la ministra trataban de impedir las agresiones y aunque el ambiente se caldeó, la llegada de la comandante departamental de la Policía, Lily Cortez, enfrió algo los ánimos.
Silverio Poma, uno de los dirigentes acusados, deslindó responsabilidad en el supuesto sobreprecio y argumentó que el Gobierno trata de “lavar su imagen” cargando la culpa a unos cuantos.
Por su lado, el dirigente Juan Salo manifestó que las denuncias provienen de personas que se quedaron sin puestos y que a toda costa tratan de desprestigiar el trabajo de la dirigencia.
