
Ya no se trata de especulaciones ni de materia sujeta a discusión, sino de una culpabilidad plenamente comprobada.
Por lo tanto, al tratarse nada menos que del jefe de inteligencia del Ministerio de Gobierno, la medida de la jueza Ungaro es también una sentencia a toda la política antidrogas del régimen de Evo Morales.
El mero hecho de que un funcionario de tal rango (además, ex jefe nacional de la FELCN) hubiese estado envuelto en el negocio del narcotráfico ya deja muy mal parada a la administración evista.
Para empezar, el inmediato superior de Sanabria, el ministro de gobierno Sacha Llorenti, sólo puede ser calificado de cómplice o de incompetente. En el primer caso, si sabía de las actividades de Sanabria, y en el segundo si no logró advertir esos movimientos.
Un pasaje de la sentencia de la jueza Ursula Ungaro parece incluir un reclamo a todo el gobierno cuando señala que “Bolivia hasta donde yo sé es considerado como un aliado de EEUU y este país confía en que sus aliados le ayuden a proteger sus intereses”.
Los nombres de la red que integraba Sanabria, como anticipábamos ayer, seguirán cuidadosamente resguardados en los expedientes de la justicia norteamericana, a la espera de los siguientes pasos procesales.
La misma reducción de la condena, desde la cadena perpetua “ofrecida” por Ungaro inicialmente hasta los 14 años de la sentencia, es un claro síntoma de que el narco-general ha facilitado revelaciones sustanciales sobre sus socios y superiores.
De acuerdo a documentación de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida conocida ayer, Sanabria habría ofrecido protección al narcotráfico por medio de “funcionarios de alto rango del gobierno boliviano”, incluyendo a “un grupo político”.
Por lo que deducimos que varios personajes ligados al régimen verán drásticamente reducida su movilidad internacional en los próximos tiempos.
La cacería recién comienza…