Los indígenas están listos para reiniciar la marcha hacia La Paz. El punto de reunificación entre los que se encontraban en San Borja y en Rurrenabaque es Quiquibey, una población que está a 43 kilómetros de distancia de Yucumo. Así, los originarios retoman la medida en defensa del Tipnis, después de la violenta represión policial que sufrieron el domingo en el puente de Chaparina.
Quiquibey fue elegido como el punto de reunificación para evitar enfrentamiento con colonos de Yucumo, que hasta antes del episodio violento del domingo se encontraban bloqueando la carretera a La Paz para impedir que avance la marcha que exige al Gobierno la paralización definitiva de la construcción de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos, que en su tramo II amenaza con atravesar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
“No partiremos desde Yucumo porque no queremos conflictos. Por eso hemos elegido Quiquibey como el lugar de reencuentro”, dijo Rafael Quispe, dirigente del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (CONAMAQ).
En Rurrenabaque se encontraban 240 indígenas refugiados, que el lunes fueron liberados de la Policía por los vecinos del pueblo que impidieron que los originarios fueran enviados en un avión con rumbo desconocido. Ayer por la tarde partieron desde San Borja 300 personas rumbo a Quiquibey.
Ambos campamentos, el de Rurrenabaque y el de San Borja, empezaron a ser desarmados desde la caída de la tarde de ayer, y entrada la noche empezaron a movilizarse en vehículos hasta el nuevo punto de encuentro. Antes que se reinicie la marcha, un pequeño grupo de indígenas tiene previsto realizar un acto de desagravio en Chaparina, donde fueron reprimidos el domingo.
INVESTIGACIÓN EN EL LUGAR
Ayer, una comisión de fiscales de Sucre y de médicos se hizo presente en Rurrenabaque y en San Borja para iniciar una investigación y un estudio forense a las víctimas de los policías.
Orlando Riveros, fiscal de recursos de la Fiscalía General del Estado, dijo que sólo en Rurrenabaque registraron a 53 personas con diferentes tipos de lesiones en el cuerpo. También declararon los médicos y las enfermeras que el domingo estaban en el campamento de los indígenas y que, pese a haberse identificado como tales, fueron atados y maltratados por los hombres del verde olivo.
Aunque muchos todavía sufren de dolores en el cuerpo, ayer se subieron a los vehículos y aseguraron que están listos para reiniciar la caminata hacia La Paz.
LOS INDÍGENAS MUESTRAN PRUEBA; VICE VE COMPLOT
El denominado “plan de desconcentración”, en el que se revela que funcionarios del Ministerio de Gobierno coordinaron el operativo de represión contra los indígenas que marchaban hacia La Paz en defensa del TIPNIS, fue presentado ayer por Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB).
La aparición del documento fue minimizada por el vicepresidente Álvaro García Linera, que desde La Paz anunció que en los próximos días continuarán apareciendo informes de uno u otro lado, y lo atribuyó a un supuesto complot mediático en contra del Gobierno.
García Linera dijo que sabe quién ordenó la represión, pero que de momento no lo dará a conocer porque se ha instruido una investigación con una comisión de alto nivel.
Por su parte, la ministra de Justicia, Nilda Copa, aseguró ayer que ella no instruyó la represión policial y que sólo solicitó al Ministerio Público la investigación sobre el "secuestro" del Canciller del Estado, David Choquehuanca, por parte de los movilizados, el sábado pasado.
El “plan de desconcentración” menciona que el Comando de la Policía de Beni asumió la misión de trasladar entre 350 y 400 originarios desde Yucumo hasta Trinidad, Loreto, Casarave, San Pedro y San Pablo, usando diez buses de servicio público y seis camionetas custodiadas.
El documento detalla algunos nombres de comandantes y oficiales de la Policía que presuntamente estaban a cargo de la represión. También hay un apunte en el que se instruye restringir a los medios de comunicación para evitar que registren los hechos. “Este es el plan para evitar que la marcha indígena llegue a La Paz, que lo sepa el pueblo de Bolivia”, gritó Chávez.
Sobre la obtención del documento, se dijo que fue encontrado el lunes por estudiantes en el patio de una unidad educativa de la localidad de Limoncito.
Empero, otra versión indica que algunos policías rasos que actuaron ese domingo lo filtraron, atemorizados por el anuncio de juicios.
Chávez mostró la fotocopia de un contrato privado de prestación de servicios, que firma Karolina Vertiz Arancibia (con CI. 92442267 Cbba), como representante del Ministerio de Gobierno, y Modesta Villan Solares (con CI. 7595634 Beni) como contratista de un bus de transporte.
En esa presunta prueba, que data del domingo 25, se detalla que el Ministerio de Gobierno pagó la suma de Bs 3.800 por el traslado de personas de Yucumo a Trinidad.
Consultada sobre el tema, Luisa Limachi, directora de Comunicación del Ministerio de Gobierno, indicó vía telefónica que en esa repartición hay una gran cantidad de funcionarios y que es difícil verificar si Vertiz Arancibia trabaja allí, y si ella contrató buses para el operativo.
Respecto a la lista de policías supuestamente encargados de la seguridad de la intervención, dijo que lo mejor era trasladar la consulta al Comando Nacional de la Policía, donde no fue posible tener respuesta.
VOZ DEL GOBIERNO
Por su parte, el “Vice” dijo que aparecerán más documentos en los que se instruye la adquisición de servicios o la compra de alimentos, pero no una orden de intervención policial, porque eso no salió del Palacio Quemado.
“No van a encontrar documentos que instruyan que golpeen a las mujeres, que coloquen cintas en la boca de las personas ni que los maltraten. Ni el Presidente ni el Ejecutivo emitieron esa orden”, reiteró el Vicepresidente.
Aseguró que la Policía estaba en el lugar para precautelar la integridad de las personas y evitar enfrentamientos entre los indígenas y los colonizadores.
A pesar de la explicación del Vicepresidente, un oficial de la Policía que estuvo al frente de la intervención, reveló ayer, a la ANF, que cumplieron órdenes superiores emanadas de las primeras autoridades del Gobierno.
Por su parte, para los originarios, los papeles mostrados son “pruebas fehacientes” de que todo se hizo con premeditación, alevosía y ventaja, donde, según Adolfo Chávez, el responsable es el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti.
SEGÚN OFICIALES, AVIONES SE MOVIERON POR ORDEN MINISTERIAL
Dos aviones, un Hércules y un MA-60 de fabricación china, fueron preparados desde el domingo 25 en los hangares de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) con el pedido expreso del Ministerio de la Presidencia, revelaron ayer dos oficiales de esa unidad.
Sin embargo, el vicepresidente Álvaro García Linera, que rompió su silencio desde el sábado, dijo ayer que ese tema y los abusos de los policías en Yucumo serán parte de la investigación que propuso el Gobierno y que hasta el momento no se inicia porque ninguna entidad internacional aceptó esa responsabilidad.
El rótulo que tenían los documentos estaba tipificado como “vuelo oficial”, lo que significa que ambas aeronaves estaban a disposición de la Presidencia y sólo emprendieron vuelo cuando recibieron la autorización de Palacio de Gobierno.
Los uniformados aseguraron que los preparativos resultaron irregulares porque la orden debió venir del Ministerio de Defensa, que es la instancia que coordina con las FFAA.
Los militares consideran que la renuncia de la entonces ministra de Defensa, María Cecilia Chacón, pudo deberse a que fue sobrepasada en sus funciones y que no le comunicaron nada.
“Existe una orden escrita que tiene el Comandante de la FAB, porque él debe autorizar la movilización del personal, y cuando se trata de un vuelo oficial, los gastos corren por el que solicita, en este caso la Presidencia”, explicó una de las fuentes.
POSTERGAN INTERPELACIÓN
El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, confirmó ayer la suspensión de la interpelación a los ministros de la Presidencia, Carlos Romero, y de Obras Públicas, Wálter Delgadillo.
Dijo que la determinación fue adoptada debido a la ausencia de ambas autoridades por la instalación del diálogo con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), en Camiri.
La sesión debía realizarse hoy y fue convocada para que expliquen las gestiones del Ejecutivo para resolver el conflicto del TIPNIS.
Los ministros se reunieron ayer con representantes de la APG, aunque no alcanzaron ningún acuerdo.
CONDENA DE LA ONU
La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó ayer el exceso del uso de la fuerza en la intervención policial de la marcha indígena, aunque destacó las disculpas públicas del presidente Evo Morales.
"La OACNUDH-Bolivia condena el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de la Policía en el operativo para dispersar a aproximadamente 1.000 miembros de los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía", señala en un comunicado enviado a la agencia AFP.
La OACNUDH "saluda no sólo las recientes declaraciones del presidente Morales de repudio a los excesos, convocando a una investigación exhaustiva", sino también "el pedido de disculpas y perdón a las víctimas que hizo el mandatario a nombre de su Gobierno".
La Oficina "recuerda otra vez a las autoridades su obligación de proteger a toda persona de cualquier forma de violencia y de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y el derecho de manifestarse libremente de forma pacífica".
FUL DE SAN FRANCISCO XAVIER LLAMA “DOMINGO NEGRO” A REPRESIÓN A INDÍGENAS
“Domingo Negro”. La Federación Universitaria Local (FUL) no encontró otro modo de calificar lo ocurrido el pasado 25 de septiembre (25-S) en Yucumo. Para la dirigencia estudiantil, la violenta represión policial del domingo quedará escrita así en la historia del país.
Así lo dejó establecido ayer el secretario ejecutivo de la FUL, Cristian Copa, en la marcha de protesta universitaria más grande que se haya registrado en este año en la plaza 25 de Mayo.
Hubo un Octubre Negro, y lo del domingo, “para nosotros, tiene que quedar como el ‘Domingo Negro’” de la historia del país, dijo ayer Copa, ante la presencia de cientos de docentes, administrativos y estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier, los mismos que se movilizaron por disposición de la última conferencia nacional de universidades, para rechazar y condenar la violenta represión policial de la que fueron víctimas los indígenas que marchaban rumbo a La Paz en defensa del TIPNIS el 25-S.
Copa advirtió también que lo de ayer, “es la primera manifestación del sistema universitario” nacional y que en el futuro vendrán otras, hasta “acabar” con la “dictadura” del Gobierno.
Otro de los oradores que se dirigió ayer a los manifestantes, Sergio Querejazu, ejecutivo del sector docente, reclamó por el hecho de que no se conozca hasta ahora el nombre o los nombres de los autores de la brutal represión. “Lo que es peor: nadie quiere dar la cara”, enfatizó.
No estuvo el rector de San Francisco Xavier, Walter Arízaga. En su lugar, se dirigió a los manifestantes, el vicerrector de la casa superior de estudios, Eduardo Rivero, quien centró su discurso en el valor ecológico del TIPNIS y en la defensa de los derechos humanos.
Un grupo de estudiantes descargó su malestar atacando la fachada de la Gobernación con innumerables matasuegras y petardos, que hicieron de la marcha, la más ruidosa de los últimos días.
La columna de manifestantes pidió respeto a los derechos de los indígenas y a sus demandas, y sanción a los culpables de la violenta represión.
¿QUIÉN DIO LA ORDEN?
Aún no hay respuesta a esa pregunta. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, estuvo ayer, en Sucre, y, al igual que el presidente Evo Morales tampoco dio respuesta a esa pregunta. Dijo que lo ocurrido el 25-S “tiene que investigarse”, y aseguró que el Gobierno no “encubrirá a nadie”.
Pero, ¿sabía o no el Presidente de la represión? “El Presidente, en ese momento, estaba en Santo Domingo, en la zona sur del TIPNIS, en una reunión con los compañeros indígenas (con los que Evo había anunciado que iba a reunirse). El Presidente se enteró de la intervención, cuando retornaba a Chimoré y, luego, a La Paz. Quien estaba en el lugar, (era) el viceministro (Marcos) Farfán, en representación del Ministerio de Gobierno, y él fue el que informó que ya se estaba haciendo la intervención”, respondió Navarro. ¿Y ya tienen el informe oficial del Comando Nacional de la Policía sobre los hechos del pasado domingo?, se le consultó. “Aún no conozco. Eso tiene que informar el ministro Wilfredo Chávez”, respondió.
HUELGA Y VIGILIA
La huelga de la FUL, en la plaza 25 de Mayo, continúa. Ayer subió el número de huelguistas a 15, aunque también se anunció de posibles bajas por debilitamiento.
La vigilia de la Coordinadora Departamental por la Defensa del TIPNIS también continúa. Los responsables anunciaron para hoy un foro debate sobre el conflicto del TIPNIS en el Paraninfo Universitario, desde las 18:00.
CUESTIONAN COSTO DE VÍA Y EJECUTIVO LO JUSTIFICA
La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) filial Santa Cruz y la Asociación de Eméritos de Cochabamba (ASIEME) cuestionan los altos costos de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, además de observar la construcción del tramo II por cruzar el TIPNIS. El Ejecutivo argumenta que es debido a la topografía del TIPNIS.
Los argumentos se basan en que los costos referenciales y precios promedio de construcción de vías en el país varían desde $us 500.000 hasta 800.000 por kilómetro lineal, dependiendo de las condiciones del terreno e infraestructura.
En el caso del TIPNIS, se hace un cálculo simple, pues llega a costar $us 1,3 millones por kilómetro, es decir, cuesta $us 600.000 más por cada kilómetro, lo que la convierte en una de las carreteras más costosas que se ha ejecutado hasta la fecha ($us 415 millones). Calculando los 306 kilómetros hay unos $us 200 millones de diferencia, señala el titular de la SIB Santa Cruz, Rodolfo Germán Weise.
El ejecutivo cita que la Constitución hace una preservación de la madre tierra y lo que son los recursos naturales del país, por lo cual si se parte de ese criterio, este proyecto debe ser modificado y no pasar por una reserva, debería haberse buscado otras alternativas.
Además, calificó de “mentirosas” a las autoridades gubernamentales y a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por señalar que no hay diseño final de la carretera. “Eso tiene que existir, es algo básico en cualquier obra”, sostuvo.
Weise va más allá y afirma que el Gobierno nunca quiso escuchar a la SIB cuando en su momento alertó que los cálculos señalaban que había un sobreprecio.
“Lo que argumenta el Gobierno de que no se tiene el diseño final y que recién se concluirá en los próximos meses es la cosa más absurda”, indicó.
Sobre los valores referenciales, añade que el costo establece parámetros mínimos y máximos, lo que incluye además cualquier sobreprecio anterior.
La Sociedad de Ingenieros de Cochabamba en la gestión 2008 también sugirió hacer cambios en el diseño de la vía, además que denunció en su momento un sobreprecio de más de $us 100 millones.
Por su lado, el titular de la SIB de Cochabamba, Erland Orellana, dijo que el mayor problema es decir que no existe un diseño final.
“VICE” RECHAZA CRÍTICAS
En respuesta, el vicepresidente Álvaro García Linera puntualizó que en su momento la ABC refutó técnicamente las acusaciones que hizo el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz que denunció sobreprecio.
“La ABC consultó un mapa y mostró por qué se ha establecido que esa carretera tenía que tener ese tipo de precio. Incluso salió en los periódicos que esa carretera era la tercera más cara, debido a las características del terreno”, afirmó García.
Adelantó que se instruyó a la institución caminera que nuevamente explique los motivos de los precios establecidos en la zona de Villa Tunari.
NADA EN EL TIPNIS
Finalmente, en una carta escueta la ABC informa a la empresa brasileña OAS que en atención a la decisión asumida por el Gobierno, le instruye no realizar ninguna actividad en el tramo (II) del TIPNIS, lo que reafirma lo indicado por García Linera, que subrayó que el Gobierno decidió paralizar todo trabajo dentro del área en conflicto. “No se va a construir en el parque en tanto no se haga este gran encuentro (consulta). El encuentro va a decidir qué se hace, ya no será el Ejecutivo”, indicó el Vicepresidente.
MÁS VOCES EN EL MAS CONDENAN REPRESIÓN
El manejo político que se hizo del tema TIPNIS y la violenta represión policial a la marcha indígena en Yucumo están ocasionando fracturas en filas del Movimiento Al Socialismo (MAS). Suman las voces críticas de dirigentes y autoridades de ese partido que claman por una reconducción del proceso de cambio y una purga al interior del instrumento político que lidera Evo Morales.
Ayer, el ex embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón, hizo pública una carta enviada al presidente Evo Morales, en la que pide suspender definitivamente la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y llevar a la justicia a los responsables de la represión policial a los indígenas.
El documento cuestiona lo que considera la contradicción entre el discurso del Gobierno sobre la defensa del medioambiente y lo que se está haciendo en la práctica.
“Debe haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. No se puede hablar de defensa de la Madre Tierra y al mismo tiempo promover la construcción de una carretera que hiere a la Madre Tierra, no respeta los derechos indígenas y viola de manera imperdonable los derechos humanos”, señaló Solón en la misiva.
Aunque el diplomático observó “incoherencias” en las demandas de los pueblos indígenas que marchan contra la construcción de la vía, expresó que la preocupación de los manifestantes por la suerte de su territorio es “justa”.
“Miles de delegados de los cinco continentes que participaron en la primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra están profundamente contrariados por la posición del Gobierno de Bolivia”, añadió el ex Embajador.
MÁS REPROCHES
En la misma sintonía de autocrítica, la senadora del MAS por Cochabamba, Carmen Peredo, exigió la renuncia del ministro de la Presidencia, Carlos Romero, para reivindicarse con el movimiento indígena, al que traicionó, según la legisladora.
“Los sectores indígenas apoyaron la designación de Carlos Romero, tanto como ministro de Autonomías como de la Presidencia. En reciprocidad, la autoridad se dedicó a descalificar, cuestionar y respaldar la violenta represión contra los marchistas indígenas en la zona de Yucumo”, afirmó Peredo.
El senador masista por Potosí, Eduardo Maldonado, demandó corregir el rumbo en la conducción del país, denunciando a la vez la existencia de un entorno “palaciego” que hace mucho daño a Bolivia y exigiendo al mandatario cambios en su equipo ministerial por su “absoluta falta de capacidad en la gestión de conflictos”.
A su vez, el ex embajador ante la OEA y ex cónsul en Chile, José Pinelo, exigió la investigación de los contratos para la construcción de la carretera por el TIPNIS.
Más radical es la posición de la Federación de Campesinos de Santa Cruz que demandó la destitución de tres ministros: de la Presidencia, Carlos Romero; de Obras Públicas, Wálter Delgadillo; y de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.
Mientras tanto, el anunciado alejamiento de la bancada indígena (cinco representantes) de filas del MAS, junto al malestar expresado por otros parlamentarios y autoridades oficialistas, amenazan con generar más heridas en la administración de Evo.
Quiquibey fue elegido como el punto de reunificación para evitar enfrentamiento con colonos de Yucumo, que hasta antes del episodio violento del domingo se encontraban bloqueando la carretera a La Paz para impedir que avance la marcha que exige al Gobierno la paralización definitiva de la construcción de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos, que en su tramo II amenaza con atravesar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
“No partiremos desde Yucumo porque no queremos conflictos. Por eso hemos elegido Quiquibey como el lugar de reencuentro”, dijo Rafael Quispe, dirigente del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (CONAMAQ).
En Rurrenabaque se encontraban 240 indígenas refugiados, que el lunes fueron liberados de la Policía por los vecinos del pueblo que impidieron que los originarios fueran enviados en un avión con rumbo desconocido. Ayer por la tarde partieron desde San Borja 300 personas rumbo a Quiquibey.
Ambos campamentos, el de Rurrenabaque y el de San Borja, empezaron a ser desarmados desde la caída de la tarde de ayer, y entrada la noche empezaron a movilizarse en vehículos hasta el nuevo punto de encuentro. Antes que se reinicie la marcha, un pequeño grupo de indígenas tiene previsto realizar un acto de desagravio en Chaparina, donde fueron reprimidos el domingo.
INVESTIGACIÓN EN EL LUGAR
Ayer, una comisión de fiscales de Sucre y de médicos se hizo presente en Rurrenabaque y en San Borja para iniciar una investigación y un estudio forense a las víctimas de los policías.
Orlando Riveros, fiscal de recursos de la Fiscalía General del Estado, dijo que sólo en Rurrenabaque registraron a 53 personas con diferentes tipos de lesiones en el cuerpo. También declararon los médicos y las enfermeras que el domingo estaban en el campamento de los indígenas y que, pese a haberse identificado como tales, fueron atados y maltratados por los hombres del verde olivo.
Aunque muchos todavía sufren de dolores en el cuerpo, ayer se subieron a los vehículos y aseguraron que están listos para reiniciar la caminata hacia La Paz.
LOS INDÍGENAS MUESTRAN PRUEBA; VICE VE COMPLOT
El denominado “plan de desconcentración”, en el que se revela que funcionarios del Ministerio de Gobierno coordinaron el operativo de represión contra los indígenas que marchaban hacia La Paz en defensa del TIPNIS, fue presentado ayer por Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB).
La aparición del documento fue minimizada por el vicepresidente Álvaro García Linera, que desde La Paz anunció que en los próximos días continuarán apareciendo informes de uno u otro lado, y lo atribuyó a un supuesto complot mediático en contra del Gobierno.
García Linera dijo que sabe quién ordenó la represión, pero que de momento no lo dará a conocer porque se ha instruido una investigación con una comisión de alto nivel.
Por su parte, la ministra de Justicia, Nilda Copa, aseguró ayer que ella no instruyó la represión policial y que sólo solicitó al Ministerio Público la investigación sobre el "secuestro" del Canciller del Estado, David Choquehuanca, por parte de los movilizados, el sábado pasado.
El “plan de desconcentración” menciona que el Comando de la Policía de Beni asumió la misión de trasladar entre 350 y 400 originarios desde Yucumo hasta Trinidad, Loreto, Casarave, San Pedro y San Pablo, usando diez buses de servicio público y seis camionetas custodiadas.
El documento detalla algunos nombres de comandantes y oficiales de la Policía que presuntamente estaban a cargo de la represión. También hay un apunte en el que se instruye restringir a los medios de comunicación para evitar que registren los hechos. “Este es el plan para evitar que la marcha indígena llegue a La Paz, que lo sepa el pueblo de Bolivia”, gritó Chávez.
Sobre la obtención del documento, se dijo que fue encontrado el lunes por estudiantes en el patio de una unidad educativa de la localidad de Limoncito.
Empero, otra versión indica que algunos policías rasos que actuaron ese domingo lo filtraron, atemorizados por el anuncio de juicios.
Chávez mostró la fotocopia de un contrato privado de prestación de servicios, que firma Karolina Vertiz Arancibia (con CI. 92442267 Cbba), como representante del Ministerio de Gobierno, y Modesta Villan Solares (con CI. 7595634 Beni) como contratista de un bus de transporte.
En esa presunta prueba, que data del domingo 25, se detalla que el Ministerio de Gobierno pagó la suma de Bs 3.800 por el traslado de personas de Yucumo a Trinidad.
Consultada sobre el tema, Luisa Limachi, directora de Comunicación del Ministerio de Gobierno, indicó vía telefónica que en esa repartición hay una gran cantidad de funcionarios y que es difícil verificar si Vertiz Arancibia trabaja allí, y si ella contrató buses para el operativo.
Respecto a la lista de policías supuestamente encargados de la seguridad de la intervención, dijo que lo mejor era trasladar la consulta al Comando Nacional de la Policía, donde no fue posible tener respuesta.
VOZ DEL GOBIERNO
Por su parte, el “Vice” dijo que aparecerán más documentos en los que se instruye la adquisición de servicios o la compra de alimentos, pero no una orden de intervención policial, porque eso no salió del Palacio Quemado.
“No van a encontrar documentos que instruyan que golpeen a las mujeres, que coloquen cintas en la boca de las personas ni que los maltraten. Ni el Presidente ni el Ejecutivo emitieron esa orden”, reiteró el Vicepresidente.
Aseguró que la Policía estaba en el lugar para precautelar la integridad de las personas y evitar enfrentamientos entre los indígenas y los colonizadores.
A pesar de la explicación del Vicepresidente, un oficial de la Policía que estuvo al frente de la intervención, reveló ayer, a la ANF, que cumplieron órdenes superiores emanadas de las primeras autoridades del Gobierno.
Por su parte, para los originarios, los papeles mostrados son “pruebas fehacientes” de que todo se hizo con premeditación, alevosía y ventaja, donde, según Adolfo Chávez, el responsable es el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti.
SEGÚN OFICIALES, AVIONES SE MOVIERON POR ORDEN MINISTERIAL
Dos aviones, un Hércules y un MA-60 de fabricación china, fueron preparados desde el domingo 25 en los hangares de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) con el pedido expreso del Ministerio de la Presidencia, revelaron ayer dos oficiales de esa unidad.
Sin embargo, el vicepresidente Álvaro García Linera, que rompió su silencio desde el sábado, dijo ayer que ese tema y los abusos de los policías en Yucumo serán parte de la investigación que propuso el Gobierno y que hasta el momento no se inicia porque ninguna entidad internacional aceptó esa responsabilidad.
El rótulo que tenían los documentos estaba tipificado como “vuelo oficial”, lo que significa que ambas aeronaves estaban a disposición de la Presidencia y sólo emprendieron vuelo cuando recibieron la autorización de Palacio de Gobierno.
Los uniformados aseguraron que los preparativos resultaron irregulares porque la orden debió venir del Ministerio de Defensa, que es la instancia que coordina con las FFAA.
Los militares consideran que la renuncia de la entonces ministra de Defensa, María Cecilia Chacón, pudo deberse a que fue sobrepasada en sus funciones y que no le comunicaron nada.
“Existe una orden escrita que tiene el Comandante de la FAB, porque él debe autorizar la movilización del personal, y cuando se trata de un vuelo oficial, los gastos corren por el que solicita, en este caso la Presidencia”, explicó una de las fuentes.
POSTERGAN INTERPELACIÓN
El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, confirmó ayer la suspensión de la interpelación a los ministros de la Presidencia, Carlos Romero, y de Obras Públicas, Wálter Delgadillo.
Dijo que la determinación fue adoptada debido a la ausencia de ambas autoridades por la instalación del diálogo con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), en Camiri.
La sesión debía realizarse hoy y fue convocada para que expliquen las gestiones del Ejecutivo para resolver el conflicto del TIPNIS.
Los ministros se reunieron ayer con representantes de la APG, aunque no alcanzaron ningún acuerdo.
CONDENA DE LA ONU
La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó ayer el exceso del uso de la fuerza en la intervención policial de la marcha indígena, aunque destacó las disculpas públicas del presidente Evo Morales.
"La OACNUDH-Bolivia condena el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de la Policía en el operativo para dispersar a aproximadamente 1.000 miembros de los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía", señala en un comunicado enviado a la agencia AFP.
La OACNUDH "saluda no sólo las recientes declaraciones del presidente Morales de repudio a los excesos, convocando a una investigación exhaustiva", sino también "el pedido de disculpas y perdón a las víctimas que hizo el mandatario a nombre de su Gobierno".
La Oficina "recuerda otra vez a las autoridades su obligación de proteger a toda persona de cualquier forma de violencia y de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y el derecho de manifestarse libremente de forma pacífica".
FUL DE SAN FRANCISCO XAVIER LLAMA “DOMINGO NEGRO” A REPRESIÓN A INDÍGENAS
“Domingo Negro”. La Federación Universitaria Local (FUL) no encontró otro modo de calificar lo ocurrido el pasado 25 de septiembre (25-S) en Yucumo. Para la dirigencia estudiantil, la violenta represión policial del domingo quedará escrita así en la historia del país.
Así lo dejó establecido ayer el secretario ejecutivo de la FUL, Cristian Copa, en la marcha de protesta universitaria más grande que se haya registrado en este año en la plaza 25 de Mayo.
Hubo un Octubre Negro, y lo del domingo, “para nosotros, tiene que quedar como el ‘Domingo Negro’” de la historia del país, dijo ayer Copa, ante la presencia de cientos de docentes, administrativos y estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier, los mismos que se movilizaron por disposición de la última conferencia nacional de universidades, para rechazar y condenar la violenta represión policial de la que fueron víctimas los indígenas que marchaban rumbo a La Paz en defensa del TIPNIS el 25-S.
Copa advirtió también que lo de ayer, “es la primera manifestación del sistema universitario” nacional y que en el futuro vendrán otras, hasta “acabar” con la “dictadura” del Gobierno.
Otro de los oradores que se dirigió ayer a los manifestantes, Sergio Querejazu, ejecutivo del sector docente, reclamó por el hecho de que no se conozca hasta ahora el nombre o los nombres de los autores de la brutal represión. “Lo que es peor: nadie quiere dar la cara”, enfatizó.
No estuvo el rector de San Francisco Xavier, Walter Arízaga. En su lugar, se dirigió a los manifestantes, el vicerrector de la casa superior de estudios, Eduardo Rivero, quien centró su discurso en el valor ecológico del TIPNIS y en la defensa de los derechos humanos.
Un grupo de estudiantes descargó su malestar atacando la fachada de la Gobernación con innumerables matasuegras y petardos, que hicieron de la marcha, la más ruidosa de los últimos días.
La columna de manifestantes pidió respeto a los derechos de los indígenas y a sus demandas, y sanción a los culpables de la violenta represión.
¿QUIÉN DIO LA ORDEN?
Aún no hay respuesta a esa pregunta. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, estuvo ayer, en Sucre, y, al igual que el presidente Evo Morales tampoco dio respuesta a esa pregunta. Dijo que lo ocurrido el 25-S “tiene que investigarse”, y aseguró que el Gobierno no “encubrirá a nadie”.
Pero, ¿sabía o no el Presidente de la represión? “El Presidente, en ese momento, estaba en Santo Domingo, en la zona sur del TIPNIS, en una reunión con los compañeros indígenas (con los que Evo había anunciado que iba a reunirse). El Presidente se enteró de la intervención, cuando retornaba a Chimoré y, luego, a La Paz. Quien estaba en el lugar, (era) el viceministro (Marcos) Farfán, en representación del Ministerio de Gobierno, y él fue el que informó que ya se estaba haciendo la intervención”, respondió Navarro. ¿Y ya tienen el informe oficial del Comando Nacional de la Policía sobre los hechos del pasado domingo?, se le consultó. “Aún no conozco. Eso tiene que informar el ministro Wilfredo Chávez”, respondió.
HUELGA Y VIGILIA
La huelga de la FUL, en la plaza 25 de Mayo, continúa. Ayer subió el número de huelguistas a 15, aunque también se anunció de posibles bajas por debilitamiento.
La vigilia de la Coordinadora Departamental por la Defensa del TIPNIS también continúa. Los responsables anunciaron para hoy un foro debate sobre el conflicto del TIPNIS en el Paraninfo Universitario, desde las 18:00.
CUESTIONAN COSTO DE VÍA Y EJECUTIVO LO JUSTIFICA
La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) filial Santa Cruz y la Asociación de Eméritos de Cochabamba (ASIEME) cuestionan los altos costos de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, además de observar la construcción del tramo II por cruzar el TIPNIS. El Ejecutivo argumenta que es debido a la topografía del TIPNIS.
Los argumentos se basan en que los costos referenciales y precios promedio de construcción de vías en el país varían desde $us 500.000 hasta 800.000 por kilómetro lineal, dependiendo de las condiciones del terreno e infraestructura.
En el caso del TIPNIS, se hace un cálculo simple, pues llega a costar $us 1,3 millones por kilómetro, es decir, cuesta $us 600.000 más por cada kilómetro, lo que la convierte en una de las carreteras más costosas que se ha ejecutado hasta la fecha ($us 415 millones). Calculando los 306 kilómetros hay unos $us 200 millones de diferencia, señala el titular de la SIB Santa Cruz, Rodolfo Germán Weise.
El ejecutivo cita que la Constitución hace una preservación de la madre tierra y lo que son los recursos naturales del país, por lo cual si se parte de ese criterio, este proyecto debe ser modificado y no pasar por una reserva, debería haberse buscado otras alternativas.
Además, calificó de “mentirosas” a las autoridades gubernamentales y a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por señalar que no hay diseño final de la carretera. “Eso tiene que existir, es algo básico en cualquier obra”, sostuvo.
Weise va más allá y afirma que el Gobierno nunca quiso escuchar a la SIB cuando en su momento alertó que los cálculos señalaban que había un sobreprecio.
“Lo que argumenta el Gobierno de que no se tiene el diseño final y que recién se concluirá en los próximos meses es la cosa más absurda”, indicó.
Sobre los valores referenciales, añade que el costo establece parámetros mínimos y máximos, lo que incluye además cualquier sobreprecio anterior.
La Sociedad de Ingenieros de Cochabamba en la gestión 2008 también sugirió hacer cambios en el diseño de la vía, además que denunció en su momento un sobreprecio de más de $us 100 millones.
Por su lado, el titular de la SIB de Cochabamba, Erland Orellana, dijo que el mayor problema es decir que no existe un diseño final.
“VICE” RECHAZA CRÍTICAS
En respuesta, el vicepresidente Álvaro García Linera puntualizó que en su momento la ABC refutó técnicamente las acusaciones que hizo el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz que denunció sobreprecio.
“La ABC consultó un mapa y mostró por qué se ha establecido que esa carretera tenía que tener ese tipo de precio. Incluso salió en los periódicos que esa carretera era la tercera más cara, debido a las características del terreno”, afirmó García.
Adelantó que se instruyó a la institución caminera que nuevamente explique los motivos de los precios establecidos en la zona de Villa Tunari.
NADA EN EL TIPNIS
Finalmente, en una carta escueta la ABC informa a la empresa brasileña OAS que en atención a la decisión asumida por el Gobierno, le instruye no realizar ninguna actividad en el tramo (II) del TIPNIS, lo que reafirma lo indicado por García Linera, que subrayó que el Gobierno decidió paralizar todo trabajo dentro del área en conflicto. “No se va a construir en el parque en tanto no se haga este gran encuentro (consulta). El encuentro va a decidir qué se hace, ya no será el Ejecutivo”, indicó el Vicepresidente.
MÁS VOCES EN EL MAS CONDENAN REPRESIÓN
El manejo político que se hizo del tema TIPNIS y la violenta represión policial a la marcha indígena en Yucumo están ocasionando fracturas en filas del Movimiento Al Socialismo (MAS). Suman las voces críticas de dirigentes y autoridades de ese partido que claman por una reconducción del proceso de cambio y una purga al interior del instrumento político que lidera Evo Morales.
Ayer, el ex embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón, hizo pública una carta enviada al presidente Evo Morales, en la que pide suspender definitivamente la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y llevar a la justicia a los responsables de la represión policial a los indígenas.
El documento cuestiona lo que considera la contradicción entre el discurso del Gobierno sobre la defensa del medioambiente y lo que se está haciendo en la práctica.
“Debe haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. No se puede hablar de defensa de la Madre Tierra y al mismo tiempo promover la construcción de una carretera que hiere a la Madre Tierra, no respeta los derechos indígenas y viola de manera imperdonable los derechos humanos”, señaló Solón en la misiva.
Aunque el diplomático observó “incoherencias” en las demandas de los pueblos indígenas que marchan contra la construcción de la vía, expresó que la preocupación de los manifestantes por la suerte de su territorio es “justa”.
“Miles de delegados de los cinco continentes que participaron en la primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra están profundamente contrariados por la posición del Gobierno de Bolivia”, añadió el ex Embajador.
MÁS REPROCHES
En la misma sintonía de autocrítica, la senadora del MAS por Cochabamba, Carmen Peredo, exigió la renuncia del ministro de la Presidencia, Carlos Romero, para reivindicarse con el movimiento indígena, al que traicionó, según la legisladora.
“Los sectores indígenas apoyaron la designación de Carlos Romero, tanto como ministro de Autonomías como de la Presidencia. En reciprocidad, la autoridad se dedicó a descalificar, cuestionar y respaldar la violenta represión contra los marchistas indígenas en la zona de Yucumo”, afirmó Peredo.
El senador masista por Potosí, Eduardo Maldonado, demandó corregir el rumbo en la conducción del país, denunciando a la vez la existencia de un entorno “palaciego” que hace mucho daño a Bolivia y exigiendo al mandatario cambios en su equipo ministerial por su “absoluta falta de capacidad en la gestión de conflictos”.
A su vez, el ex embajador ante la OEA y ex cónsul en Chile, José Pinelo, exigió la investigación de los contratos para la construcción de la carretera por el TIPNIS.
Más radical es la posición de la Federación de Campesinos de Santa Cruz que demandó la destitución de tres ministros: de la Presidencia, Carlos Romero; de Obras Públicas, Wálter Delgadillo; y de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.
Mientras tanto, el anunciado alejamiento de la bancada indígena (cinco representantes) de filas del MAS, junto al malestar expresado por otros parlamentarios y autoridades oficialistas, amenazan con generar más heridas en la administración de Evo.
