La reciente detención preventiva del ex rector de la Universidad San Francisco Xavier y ex Alcalde de Sucre, Jaime Barrón, ha generado múltiples reacciones entre la ciudadanía chuquisaqueña, ha desatado una inevitable polémica sobre la legalidad de esa decisión judicial y, además, ha revivido el recuerdo de heridas que parecían estar cerrándose.
De una somera lectura de la fundamentación jurídica elaborada por los jueces para ordenar la detención de Barrón, y tal y como lo ha advertido el propio Colegio de Abogados de Chuquisaca, se puede colegir que la misma se basa en un principio antijurídico y anticonstitucional como es la presunción de culpabilidad; y en el aparente riesgo de fuga del imputado por el simple hecho de poseer un pasaporte, ignorando que, hoy por hoy, basta una cédula de identidad –como la que poseen todos los ciudadanos bolivianos– para cruzar las fronteras a los países vecinos, y que una orden de arraigo de las autoridades migratorias es suficiente para evitar que cualquier persona abandone el territorio nacional haciendo uso de su pasaporte.
Salta a la vista, pues, que el apresamiento de la ex autoridad no es sino producto de una forzada argumentación legal que parece responder a otras directrices que no son precisamente las que mandan la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.
No es para nadie desconocido que Jaime Barrón, y con él un conjunto de ex autoridades y dirigentes del departamento, ha sido y aún es uno de los blancos contra los que la hegemonía política que controla el poder habría de actuar de manera implacable. No es por otra razón que, incluso a pesar de la amplia mayoría obtenida en las últimas elecciones municipales, a Barrón no se le permitió ejercer el cargo de primera autoridad ejecutiva de la Alcaldía de Sucre, también a raíz de otra estratagema judicial.
Si el propósito de los fiscales que llevan el caso y de los jueces que ordenaron el apresamiento de Barrón es verdaderamente el de hacer justicia por los inaceptables vejámenes perpetrados contra un grupo de campesinos en la tristemente célebre jornada del 24 de mayo de 2008, habría que preguntarse por qué los imputados son únicamente rivales políticos del régimen gobernante y no así los verdaderos autores materiales de tan condenables actos.
¿Se ha procedido, acaso, a la identificación y detención de los vándalos que ese 24 de mayo condujeron a ese grupo de campesinos hasta la plaza 25 de Mayo para someterlos a irreproducibles humillaciones en el frontis de la Casa de la Libertad? Ni siquiera se ha hecho el intento, a pesar de existir múltiples grabaciones de video e imágenes fotográficas captadas en ese momento, sin tomar en cuenta el valioso aporte que podrían haber hecho los testigos presenciales de esos hechos.
Si los fiscales y jueces habrían desplegado una verdadera investigación sobre el caso no tendríamos ahora motivos para suponer que lo que viene sucediendo responde a un escarmiento político a los dirigentes del desaparecido Comité Interinstitucional que protagonizó, un año antes, las movilizaciones por la demanda de la Capitalidad, y no a un necesario acto de justicia con las víctimas del 24 de mayo de 2008.
Y ni qué decir de la reciente, aunque previsible, condena judicial contra el alcalde de Potosí, René Joaquino, que lo inhabilita definitivamente para seguir ejerciendo su cargo, derribando a otro opositor del régimen gobernante.
Así, con algunos operadores de justicia que parecen estar obrando como comisarios políticos antes que como hombres de derecho que han jurado cumplir y hacer cumplir la Ley, es incierto el futuro que se cierne sobre los derechos democráticos, civiles y políticos constitucionalmente reconocidos pero sistemáticamente violentados por administradores de justicia que dejan mucho que desear.
Con algunos operadores de justicia que parecen estar obrando como comisarios políticos antes que como hombres de derecho que han jurado cumplir y hacer cumplir la Ley, es incierto el futuro que se cierne sobre los derechos democráticos, civiles y políticos constitucionalmente reconocidos pero sistemáticamente violentados.
De una somera lectura de la fundamentación jurídica elaborada por los jueces para ordenar la detención de Barrón, y tal y como lo ha advertido el propio Colegio de Abogados de Chuquisaca, se puede colegir que la misma se basa en un principio antijurídico y anticonstitucional como es la presunción de culpabilidad; y en el aparente riesgo de fuga del imputado por el simple hecho de poseer un pasaporte, ignorando que, hoy por hoy, basta una cédula de identidad –como la que poseen todos los ciudadanos bolivianos– para cruzar las fronteras a los países vecinos, y que una orden de arraigo de las autoridades migratorias es suficiente para evitar que cualquier persona abandone el territorio nacional haciendo uso de su pasaporte.
Salta a la vista, pues, que el apresamiento de la ex autoridad no es sino producto de una forzada argumentación legal que parece responder a otras directrices que no son precisamente las que mandan la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.
No es para nadie desconocido que Jaime Barrón, y con él un conjunto de ex autoridades y dirigentes del departamento, ha sido y aún es uno de los blancos contra los que la hegemonía política que controla el poder habría de actuar de manera implacable. No es por otra razón que, incluso a pesar de la amplia mayoría obtenida en las últimas elecciones municipales, a Barrón no se le permitió ejercer el cargo de primera autoridad ejecutiva de la Alcaldía de Sucre, también a raíz de otra estratagema judicial.
Si el propósito de los fiscales que llevan el caso y de los jueces que ordenaron el apresamiento de Barrón es verdaderamente el de hacer justicia por los inaceptables vejámenes perpetrados contra un grupo de campesinos en la tristemente célebre jornada del 24 de mayo de 2008, habría que preguntarse por qué los imputados son únicamente rivales políticos del régimen gobernante y no así los verdaderos autores materiales de tan condenables actos.
¿Se ha procedido, acaso, a la identificación y detención de los vándalos que ese 24 de mayo condujeron a ese grupo de campesinos hasta la plaza 25 de Mayo para someterlos a irreproducibles humillaciones en el frontis de la Casa de la Libertad? Ni siquiera se ha hecho el intento, a pesar de existir múltiples grabaciones de video e imágenes fotográficas captadas en ese momento, sin tomar en cuenta el valioso aporte que podrían haber hecho los testigos presenciales de esos hechos.
Si los fiscales y jueces habrían desplegado una verdadera investigación sobre el caso no tendríamos ahora motivos para suponer que lo que viene sucediendo responde a un escarmiento político a los dirigentes del desaparecido Comité Interinstitucional que protagonizó, un año antes, las movilizaciones por la demanda de la Capitalidad, y no a un necesario acto de justicia con las víctimas del 24 de mayo de 2008.
Y ni qué decir de la reciente, aunque previsible, condena judicial contra el alcalde de Potosí, René Joaquino, que lo inhabilita definitivamente para seguir ejerciendo su cargo, derribando a otro opositor del régimen gobernante.
Así, con algunos operadores de justicia que parecen estar obrando como comisarios políticos antes que como hombres de derecho que han jurado cumplir y hacer cumplir la Ley, es incierto el futuro que se cierne sobre los derechos democráticos, civiles y políticos constitucionalmente reconocidos pero sistemáticamente violentados por administradores de justicia que dejan mucho que desear.
Con algunos operadores de justicia que parecen estar obrando como comisarios políticos antes que como hombres de derecho que han jurado cumplir y hacer cumplir la Ley, es incierto el futuro que se cierne sobre los derechos democráticos, civiles y políticos constitucionalmente reconocidos pero sistemáticamente violentados.
