Andrés Orías Bleichner
En el creciente debate sobre la capitalidad en Bolivia, uno de los argumentos más frecuentes para negar toda posibilidad de retorno de la Sede de gobierno a Sucre es el de las finanzas. Ante la imposibilidad de esgrimir argumentos jurídicos válidos para defender la inmovilidad de la sede de gobierno, establecida de facto en La Paz, la clase dirigente y los activistas paceños suelen recurrir al aspecto económico para justificarse.Tomando como referencia las proyecciones del Ministerio de Hacienda, la Cámara Nacional de Comercio y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), el razonamiento principal difundido para alarmar y movilizar a la población paceña puede resumirse de la siguiente manera: hoy están centralizados en La Paz 16 ministerios, los poderes Ejecutivo y Legislativo, la Corte Nacional Electoral (CNE), la Contraloría, la Fiscalía, el Tesoro General de la Nación, el Consejo Supremo de Defensa Nacional, además de 48 instituciones descentralizadas, 30 embajadas y 12 organismos internacionales.
Con el retorno de la sede de Gobierno a Sucre, según un análisis de la Cámara Nacional de Comercio, La Paz perdería 767,2 millones de dólares, lo que representa el 32 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del departamento. Se afirma que el Estado deberá llevar a Sucre 30 embajadas, 12 organismos internacionales y construir 42 inmuebles para que trabajen 517 empleados, además de sus viviendas. Se tendría que trasladar a unos 30 mil funcionarios públicos a Sucre y habilitarles casas.
Otro efecto sería el incremento del desempleo de 5 por ciento en La Paz (dato de 2006) que pasaría a 8 por ciento. Todas estas cifras corresponderían a una población económicamente activa que llega a 933.678 personas.
Este cálculo fue publicado en el periódico La Prensa al día siguiente del cabildo paceño y desde entonces alimenta debates y temores en La Paz. Ejemplo típico de propaganda alarmista, en una paradójica confusión, pone en el mismo saco a los gastos del Estado y a los costos externos de las embajadas y organizaciones internacionales que no tienen nada que ver con el Presupuesto del Estado boliviano. También indica que La Paz perdería el dinero que los representantes diplomáticos gastan, es decir, en alquileres 504.000 dólares y en consumo 15,2 millones anuales.
Lo curioso de este análisis es que en ningún momento se recuerda siquiera que desde el violento traslado de la Sede de Gobierno a La Paz, toda esa masa financiera que ahora beneficia a la urbe altiplánica, dejó privada a la Capital de la República de los recursos que le correspondían.
Peor aún, los autores de este cálculo interesado mienten, pues parten del supuesto de que el retorno de la capitalidad plena a Sucre sería un hecho inmediato y repentino.
Al hacerlo, fingen ignorar que la propuesta razonable de un progresivo traslado de las instituciones del Estado a Sucre debe hacerse imperativamente en pos de un verdadero equilibrio nacional, tomando en cuenta la situación de La Paz, sus necesidades y las perspectivas de un mejoramiento de su calidad de vida.
El retorno de la capitalidad plena a Sucre significa que los chuquisaqueños y los demás departamentos del país buscamos una modernización del Estado, el fin del centralismo, el respeto de las autonomías departamentales, la valoración del sur, del chaco y del oriente del país, pues Bolivia no es sólo un país altiplánico.
En ese sentido, sería pertinente considerar por ejemplo la instalación del Ministerio de Minería en Potosí, el Ministerio de Hidrocarburos en Tarija o el Ministerio de Agricultura en Santa Cruz, entre otras muchas posibilidades que tomen en cuenta las potencialidades de los nueve departamentos de Bolivia y permitan una verdadera integración nacional a través de la economía.
Esto significa también que numerosas instituciones del Estado pueden permanecer en La Paz, pero no todas.
El proceso de retorno de la capitalidad plena a Sucre ha ganado progresivamente la adhesión del país. Pero es importante reconocer que en el ámbito económico queda efectivamente mucho por hacer. El desafío de la construcción de una ciudadela fuera del casco histórico de Sucre que se constituirá en un espacio administrativo eficaz y moderno no es sólo un asunto sucrense, es una oportunidad para movilizar las fuerzas vivas del país en un proyecto común, que interpele la creatividad de los arquitectos urbanistas bolivianos y sea generador de fuentes de empleo y multiplicador de recursos para la región y para el país.
Se han dado los primeros pasos con la inminente construcción del aeropuerto de Alcantarí, y se deberá seguir lógicamente con la captación de inversiones internas y externas para instalar infraestructuras de alto nivel en la futura zona administrativa de la capital. Naturalmente que se debe considerar también la construcción de viviendas y vías de transporte con un enfoque contemporáneo, con materiales de calidad y sobre la base de un proyecto sostenible que tomará varios años.
Las posibilidades de financiamiento existen pues el sistema financiero internacional responde a la voluntad política de los Estados. La resistencia de la clase dirigente paceña a este proceso es comprensible, pero injustificada porque el país necesita avanzar y mejorar de manera integral. En consecuencia, los líderes paceños deberían ser más respetuosos del resto del país, abandonar la estrategia del amedrentamiento y de la arrogancia insultante.
Cabe aquí mencionar que a los tradicionales exabruptos de Juan del Granado se sumaron dos ejemplos recientes, que muestran la crispación y la vanidad de quienes actúan como capataces del Estado, repartiendo castigos y prebendas desde las alturas de un poder político que consideran propio.
Macario Tola a nombre de los constituyentes paceños se permitió decir el 1 de agosto que una compensación con recursos económicos para Chuquisaca era suficiente, pero además indicó cómo gastar esos recursos. Según él, los recursos tendrían que dedicarse al área rural donde "hay sectores que mostraron su desacuerdo con la capitalidad plena", es decir que la compensación tendría que beneficiar a las zonas controladas por la propaganda del MAS y dejar en el olvido el tema de la capitalidad.
Samuel Doria Medina, declaró recientemente en un programa de televisión, el 4 de agosto de 2007, que la capitalidad está bloqueando a la Constituyente. En un giro retórico contradictorio dijo que fue elegido por La Paz y que no votará contra La Paz. Según él, el tema de la capitalidad debe ser evacuado de la Constituyente y considerado más tarde. Como compensación, sugirió el traslado de la administración de ENTEL a Sucre.
Estas visiones y otras que ofrecen la Defensoría del Pueblo o algún Ministerio, tienen un curioso trasfondo de soborno silenciador. Consideran a Sucre como un pequeño pueblo de gente dispuesta a recibir una limosna política, sin dignidad y sin ambiciones, con una clase dirigente débil y fácil de comprar.
Intentan reducir el tema de la capitalidad a un ínfimo conflicto regional que podría solucionarse con una pequeña indemnización que cierre la boca a quienes reclaman el respeto de la ley.
Sin embargo, la capitalidad de Bolivia y la modernización del Estado forman parte de un proceso de cambio ya iniciado, que merece ser tratado con más seriedad. En este desafío nacional se debe instaurar una dinámica de responzabilización departamental mediante las autonomías ganadas en referéndum.
Además, el objetivo de la lucha por la capitalidad plena es fomentar la integración y el desarrollo nacional mediante el retorno de la sede de gobierno a Sucre y la descentralización del poder hacia todas las regiones de este país vasto y promisorio.
Por lo tanto, ofrecer compensaciones mínimas a Sucre para dejar que todo siga como está, es arrogante e insultante.
En el creciente debate sobre la capitalidad en Bolivia, uno de los argumentos más frecuentes para negar toda posibilidad de retorno de la Sede de gobierno a Sucre es el de las finanzas. Ante la imposibilidad de esgrimir argumentos jurídicos válidos para defender la inmovilidad de la sede de gobierno, establecida de facto en La Paz, la clase dirigente y los activistas paceños suelen recurrir al aspecto económico para justificarse.Tomando como referencia las proyecciones del Ministerio de Hacienda, la Cámara Nacional de Comercio y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), el razonamiento principal difundido para alarmar y movilizar a la población paceña puede resumirse de la siguiente manera: hoy están centralizados en La Paz 16 ministerios, los poderes Ejecutivo y Legislativo, la Corte Nacional Electoral (CNE), la Contraloría, la Fiscalía, el Tesoro General de la Nación, el Consejo Supremo de Defensa Nacional, además de 48 instituciones descentralizadas, 30 embajadas y 12 organismos internacionales.
Con el retorno de la sede de Gobierno a Sucre, según un análisis de la Cámara Nacional de Comercio, La Paz perdería 767,2 millones de dólares, lo que representa el 32 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del departamento. Se afirma que el Estado deberá llevar a Sucre 30 embajadas, 12 organismos internacionales y construir 42 inmuebles para que trabajen 517 empleados, además de sus viviendas. Se tendría que trasladar a unos 30 mil funcionarios públicos a Sucre y habilitarles casas.
Otro efecto sería el incremento del desempleo de 5 por ciento en La Paz (dato de 2006) que pasaría a 8 por ciento. Todas estas cifras corresponderían a una población económicamente activa que llega a 933.678 personas.
Este cálculo fue publicado en el periódico La Prensa al día siguiente del cabildo paceño y desde entonces alimenta debates y temores en La Paz. Ejemplo típico de propaganda alarmista, en una paradójica confusión, pone en el mismo saco a los gastos del Estado y a los costos externos de las embajadas y organizaciones internacionales que no tienen nada que ver con el Presupuesto del Estado boliviano. También indica que La Paz perdería el dinero que los representantes diplomáticos gastan, es decir, en alquileres 504.000 dólares y en consumo 15,2 millones anuales.
Lo curioso de este análisis es que en ningún momento se recuerda siquiera que desde el violento traslado de la Sede de Gobierno a La Paz, toda esa masa financiera que ahora beneficia a la urbe altiplánica, dejó privada a la Capital de la República de los recursos que le correspondían.
Peor aún, los autores de este cálculo interesado mienten, pues parten del supuesto de que el retorno de la capitalidad plena a Sucre sería un hecho inmediato y repentino.
Al hacerlo, fingen ignorar que la propuesta razonable de un progresivo traslado de las instituciones del Estado a Sucre debe hacerse imperativamente en pos de un verdadero equilibrio nacional, tomando en cuenta la situación de La Paz, sus necesidades y las perspectivas de un mejoramiento de su calidad de vida.
El retorno de la capitalidad plena a Sucre significa que los chuquisaqueños y los demás departamentos del país buscamos una modernización del Estado, el fin del centralismo, el respeto de las autonomías departamentales, la valoración del sur, del chaco y del oriente del país, pues Bolivia no es sólo un país altiplánico.
En ese sentido, sería pertinente considerar por ejemplo la instalación del Ministerio de Minería en Potosí, el Ministerio de Hidrocarburos en Tarija o el Ministerio de Agricultura en Santa Cruz, entre otras muchas posibilidades que tomen en cuenta las potencialidades de los nueve departamentos de Bolivia y permitan una verdadera integración nacional a través de la economía.
Esto significa también que numerosas instituciones del Estado pueden permanecer en La Paz, pero no todas.
El proceso de retorno de la capitalidad plena a Sucre ha ganado progresivamente la adhesión del país. Pero es importante reconocer que en el ámbito económico queda efectivamente mucho por hacer. El desafío de la construcción de una ciudadela fuera del casco histórico de Sucre que se constituirá en un espacio administrativo eficaz y moderno no es sólo un asunto sucrense, es una oportunidad para movilizar las fuerzas vivas del país en un proyecto común, que interpele la creatividad de los arquitectos urbanistas bolivianos y sea generador de fuentes de empleo y multiplicador de recursos para la región y para el país.
Se han dado los primeros pasos con la inminente construcción del aeropuerto de Alcantarí, y se deberá seguir lógicamente con la captación de inversiones internas y externas para instalar infraestructuras de alto nivel en la futura zona administrativa de la capital. Naturalmente que se debe considerar también la construcción de viviendas y vías de transporte con un enfoque contemporáneo, con materiales de calidad y sobre la base de un proyecto sostenible que tomará varios años.
Las posibilidades de financiamiento existen pues el sistema financiero internacional responde a la voluntad política de los Estados. La resistencia de la clase dirigente paceña a este proceso es comprensible, pero injustificada porque el país necesita avanzar y mejorar de manera integral. En consecuencia, los líderes paceños deberían ser más respetuosos del resto del país, abandonar la estrategia del amedrentamiento y de la arrogancia insultante.
Cabe aquí mencionar que a los tradicionales exabruptos de Juan del Granado se sumaron dos ejemplos recientes, que muestran la crispación y la vanidad de quienes actúan como capataces del Estado, repartiendo castigos y prebendas desde las alturas de un poder político que consideran propio.
Macario Tola a nombre de los constituyentes paceños se permitió decir el 1 de agosto que una compensación con recursos económicos para Chuquisaca era suficiente, pero además indicó cómo gastar esos recursos. Según él, los recursos tendrían que dedicarse al área rural donde "hay sectores que mostraron su desacuerdo con la capitalidad plena", es decir que la compensación tendría que beneficiar a las zonas controladas por la propaganda del MAS y dejar en el olvido el tema de la capitalidad.
Samuel Doria Medina, declaró recientemente en un programa de televisión, el 4 de agosto de 2007, que la capitalidad está bloqueando a la Constituyente. En un giro retórico contradictorio dijo que fue elegido por La Paz y que no votará contra La Paz. Según él, el tema de la capitalidad debe ser evacuado de la Constituyente y considerado más tarde. Como compensación, sugirió el traslado de la administración de ENTEL a Sucre.
Estas visiones y otras que ofrecen la Defensoría del Pueblo o algún Ministerio, tienen un curioso trasfondo de soborno silenciador. Consideran a Sucre como un pequeño pueblo de gente dispuesta a recibir una limosna política, sin dignidad y sin ambiciones, con una clase dirigente débil y fácil de comprar.
Intentan reducir el tema de la capitalidad a un ínfimo conflicto regional que podría solucionarse con una pequeña indemnización que cierre la boca a quienes reclaman el respeto de la ley.
Sin embargo, la capitalidad de Bolivia y la modernización del Estado forman parte de un proceso de cambio ya iniciado, que merece ser tratado con más seriedad. En este desafío nacional se debe instaurar una dinámica de responzabilización departamental mediante las autonomías ganadas en referéndum.
Además, el objetivo de la lucha por la capitalidad plena es fomentar la integración y el desarrollo nacional mediante el retorno de la sede de gobierno a Sucre y la descentralización del poder hacia todas las regiones de este país vasto y promisorio.
Por lo tanto, ofrecer compensaciones mínimas a Sucre para dejar que todo siga como está, es arrogante e insultante.
